En Madrid, la Junta Electoral impidió a una persona sorda ejercer de presidente de mesa, según denuncian Fesorcam y el Cermi. En Murcia, la Junta Electoral relevó como vocal a una persona con discapacidad visual que había pedido que le facilitasen las listas del censo en letra grande, denuncia el Cermi. Parece que la Administración Electoral no está muy al tanto de los últimos avances legislativos, tales como la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y regula los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas y sordociegas, la Convención Internacional de  Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España, o la misma LIONDAU.